Supremo Tribunal de Justicia de Portugal

La Corte Suprema de Justicia de Portugal fue creada durante la guerra civil portuguesa conocida como Guerras Liberales (Guerras Liberais), Guerra de los Dos Hermanos (Guerra dos Dois Irmãos) o Guerra Miguelina (Guerra Miguelista), que fue el conflicto interno en el Reino de Portugal, entre los liberales constitucionalistas o «pedristas» y los absolutistas o «miguelistas», que se dio entre 1828 y 1834.

El nombramiento de sus primeros jueces tuvo lugar el 15 de septiembre de 1833, y su primer presidente, José da Silva Carvalho, asumió el cargo ocho días después, y el primer fallo se dictó al mes siguiente en medio de la guerra civil.

La Corte Suprema de Justicia se instaló en Lisboa en el ala noreste de Terreiro do Paço, en Praça do Comércio, donde todavía tiene su sede, aunque, desde 2018 está siendo restaurado.

Antecedentes previos

El inicio de una visión jurídica nueva llegó con la Revolución liberal de Oporto, movimiento liberal iniciado en tal ciudad el 24 de agosto de 1820, por el descontento de la creciente burguesía afectada por las invasiones napoleónicas, el dominio británico y la apertura de los puertos brasileños al comercio mundial con el traslado de la corte real a Brasil desde 1808. Organizándose los liberales en la junta gubernamental de Lord Beresford, quien ejercía de facto la regencia de Portugal, fue sustituida por una junta provisional, que convocó Cortes Generales extraordinarias y constituyentes para elaborar una Constitución para el país. Mientras la carta magna estaba siendo debatida en las cortes, entró en vigor una carta provisional siguiendo el modelo de la Constitución española de 1812. Las Cortes Portuguesas constitucionalistas de 1820 funcionaron hasta que fueron disueltas por la reacción absolutista del príncipe Miguel de Braganza, hijo del rey Juan VI, que en 1823 las disolvió por un golpe de estado que reimplantó el absolutismo.

La Constitución Política de la Monarquía Portuguesa aprobada en 23 de septiembre de 1822 fue la primera ley fundamental portuguesa y el texto constitucional portugués más antiguo. Supuso un intento de poner fin al absolutismo e instaurar en Portugal una monarquía constitucional. A pesar de haber estado vigente sólo durante dos periodos efímeros (entre 1822 y 1823) y (1836 a 1838) abrió el camino para la remodelación del sistema de justicia que había existido hasta entonces, proclamando la separación de poderes y otorgando el ejercicio del poder judicial exclusivamente a los jueces. Estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia en la cima de la nueva organización judicial que estaba comenzando a nacer. Uno de los grandes responsables de la nueva organización judicial y, asimismo, del Supremo Tribunal de Justicia, fue Mouzinho da Silveira, que creó las condiciones indispensables para su establecimiento. Sin embargo, los problemas derivados de la Revolución Liberal provocaron que la efectiva instalación del Supremo Tribunal se viera dilatada; finalmente, gracias a José da Silva Carvalho, que era Ministro de Justicia y que se convirtió en el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se instaló el 14 de septiembre de 1833 en Lisboa.

Sesión de las Cortes de Lisboa, en Palácio das Necessidades 1822. Óleo: Óscar Pereira Silva

Con la Revolución de 1820, quedaron detrás los tribunales superiores de la Corte dependientes durante siglos del monarca.

La nueva organización del poder judicial reflejó aspectos de la Constitución francesa de 1791 e incluyó algunos avances de la Constitución española de Cádiz, promulgada en 1812. Sin embargo, con respecto a la manera de organizar a la Corte Suprema, el modelo fue más allá de los ejemplos francés y español de esa época, distanciándose a favor de la independencia judicial: la corte suprema portuguesa se concibió en la parte superior del sistema judicial y sus miembros serían jueces adscritos de la estructura judicial misma, mientras que en Francia y España, los tribunales superiores funcionaron en enlace con el poder legislativo. El puesto de juez estaba reservado para ciudadanos graduados en derecho y mayores de 25 años y la Corte Suprema de Justicia se convertiría en la institución más alta en la jerarquía judicial del Reino compuesta por jueces ascendidos a la cima de la carrera por antigüedad. Estos aún serían nombrados por el Rey, pero a propuesta del Consejo de Estado.

La Constitución de 1822 fue sustituida por la Constitución de 1826, otorgada por el rey D. Pedro IV, pero reconoció la independencia del poder judicial, confiriendo su ejercicio a los jueces y jurados y otorgando como perpetuo e inamovible el cargo de magistrado. Este texto constitucional de 1826 retomó el título de juez Consejero ( CONSELHEIRO ) para distinguir a los que llegaron a la cima de la carrera.

Con la Revolución de 1836, la Constitución de 1838 permitió a los Jueces Consejeros participar en las elecciones y la posibilidad de ejercer el cargo de senadores. 

Con la nueva Reforma Judicial de 1841, la estructura de la Corte Suprema de Justicia, se organizó de la siguiente manera: Presidencia, Pleno, Sección Civil, Sección Criminal, Secretario, Biblioteca, Archivo y Oficina del Fiscal General.

Con el fin de la Monarquía Constitucional y la implantación de la República en 1910, se vivió un período de inestabilidad e intromisiones por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, si bien, la Constitución Política de la República Portuguesa de 1911 confirmó la independencia da Justicia.

Más tarde, con la llegada del dictador Salazar al Gobierno y el nacimiento de lo que se llamaría Estado Novo, la Constitución de 1933 reafirma que los tribunales constituyen uno de los órganos de soberanía del Estado y consideran que la Corte Suprema de Justicia es un tribunal compuesto por jueces de por vida, inamovibles e irresponsables. La Asamblea Nacional asume la responsabilidad de la organización del sistema judicial; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República están ahora en el Consejo de Estado hasta su extinción en marzo de 1975, como resultado de la Revolución del 25 de abril, de los Claveles, del año anterior.

Con la actual Constitución portuguesa de 1976 la estructura judicial mantiene la independencia judicial conforme a los artículos 202 a 218 de la misma, siendo el Supremo Tribunal de Justica de Portugal el órgano de soberanía que se encuentra en la parte superior de la jerarquía de los tribunales judiciales (artículo 110 y 1 del artículo 210 de la Constitución de la República Portuguesa), y le corresponde administrar justicia en nombre del pueblo, con total independencia de los poderes legislativo y ejecutivo y estando sujeto únicamente a la Ley. En la administración de justicia, corresponde al Tribunal Supremo, así como a otros tribunales judiciales, proteger los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, reprimir las violaciones de la legalidad democrática y resolver conflictos de intereses públicos y privados (artículo 202, párrafo 2). De la Constitución de la República Portuguesa

El Consejo Judicial Supremo como órgano de gobierno judicial está compuesto por dos miembros nombrados por el presidente, siete miembros electos del Parlamento y siete jueces elegidos por las asambleas generales de los jueces, basado en el principio de representación proporcional.

El Supremo se estructura desde la presidencia con vicepresidente en secciones: Civil, Social y Criminal con distintos jueces CONSELHEIRO.